La prematura alumbrada el 26 de febrero en el Hospital Eva Perón, a través de la cesárea a la que había sido sometida una víctima de abuso sexual de 11 años, falleció ayer en ese centro médico, como consecuencia de “una complicación respiratoria grave”, indicó el Ministerio de Salud de la Provincia, a cargo de Rossana Chahla.
Se trata de un caso que tuvo repercusiones institucionales relativas al acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). Entre ellas, planteos judiciales de ONG -como Andhes y Cladem- y de terceros -como la diputada radical Teresita Villavicencio-; además, hubo pedidos de informes desde las comisiones de Protección de Derechos de la Mujer y de Derechos Humanos de la Legislatura.
Según comunicó la dirección médica del Hospital Eva Perón, conocido también como “del Este”, el deceso se produjo a las 15.30 de ayer, a pesar “de los cuidados extremos brindados desde su nacimiento”. El informe aclara que la prematura registraba 25 semanas de gestación y 660 gramos de peso al momento de la cesárea.
La menor víctima de abuso sexual, identificada con el seudónimo “Lucía”, se recupera lentamente de la operación, aunque ya pudo realizar salidas transitorias de su lugar de internación, acompañada por personal terapéutico.
El caso generó controversias entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, debido a los tiempos en la aplicación de la ILE, prevista en el Código Penal Argentino desde 1921 y ratificada en el fallo “FAL”, dictado por la Corte de la Nación en 2012. Ayer hubo hermetismo en el nosocomio ubicado en Banda del Río Salí.
La autopsia
El fiscal Diego López Ávila (subroga la fiscalía de Homicidios) informó anoche a LA GACETA que ayer se efectuó la revisión del cuerpo de la neonata en el hospital. Horas más tarde, según relató, le comunicaron que autorizaron la autopsia al cuerpo de la neonata, que se efectuará en las próximas horas. “Todo esto responde a un protocolo para determinar, entre otras cuestiones, la causa del deceso, como sucede en todas las situaciones de esta naturaleza”, especificó.
Respecto de la situación de la madre de la neonata, la niña conocida como “Lucía”, el fiscal señaló que será tramitada por la Fiscalía Especializada en Abuso Sexual.
En la plaza Independencia
“La sometieron a tortura durante dos meses”
Agrupaciones de defensa de los derechos de las mujeres y organizaciones feministas aludieron ayer en la marcha del #8M al caso de la niña de 11 años violada, y luego intervenida mediante una cesárea para realizar la interrupción legal del embarazo (ILE). “A ‘Lucía’ la sometieron a tortura durante casi dos meses, y por vía de la negación y de los aprietes, la obligaron a parir. Este hecho se suma al caso de otra niña, en Jujuy”, expresó una vocera ante la multitud, en la plaza Independencia. Además de requerir la renuncia de las autoridades del área de Salud de la Provincia, objetaron la intervención de la Justicia provincial. “Exigimos que el Poder Judicial deje de entrometerse indebidamente en las prácticas de abortos no punibles”, señaló la referente en otro tramo del discurso.
Unicef y ONU cuestionan el trato brindado a la víctima
Organismos internacionales objetan al Estado
Las repercusiones del caso de la niña de 11 años violada por un hombre de 65, y sometida luego a una cesárea cuando solicitó la interrupción legal del embarazo (ILE), llegaron a organismos internacionales. A través de distintos comunicados, Unicef Argentina, una oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI) y el comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) rechazaron el trato que dio el Estado provincial a la víctima, identificada con el seudónimo “Lucía”. La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso ILE. “La demora injustificada por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud”, señaló Birgit Gerstenberg, representante de esa oficina de la ONU para América del Sur. Unicef Argentina sostuvo que el caso de “Lucía” es “un grave ejemplo de vulneración de derechos fundamentales”. “Este caso es emblemático”, sostuvo la delegación local de ese organismo.
La secuencia, según el Siprosa
La comisión de Protección de Derechos de la Mujer de la Legislatura recibió un informe del Ministerio de Salud, firmado por la ministra Chahla, en el que se detallan las fechas de cada intervención médica
1- El 27 de enero, por vía telefónica, autoridades del Hospital Nueva Esperanza (Santiago del Estero) informaron al CAPS de la localidad de 7 de Abril sobre el ingreso de una paciente de 11 años a la que se le requirió una ecografía por posible embarazo.
2- El 28 de enero, personal del Siprosa realiza una visita domiciliaria. Ante la imposibilidad de examinarla, se indica a la familia que la niña debía ser llevada a control. Eso no sucede, indica el informe. En una nueva visita, se constata el embarazo.
3- El 29 de enero se realiza la denuncia por abuso sexual, que fue ratificada dos días después. La niña, que cursaba un embarazo de unas 22 semanas, recibe asistencia integral, al igual que su madre, según el Siprosa.
4- El 31 de enero llega al Hospital del Este. “Se le pone en conocimiento de los derechos que le asisten, la posibilidad de ILE y los riesgos de continuar o no con el embarazo”, agrega el Siprosa. Afirma que la madre de Lucía decide que la gestación siga.
5- Agrega que el 11 de febrero, tras la Cámara Gesell, un equipo de salud le entrega un formulario de ILE a la madre de Lucía. Ella dice que lo pensará, según el Siprosa. El 25 de febrero, los padres de la niña y ella misma solicitan la ILE, añade.
6- “26 de febrero: se pide al equipo de salud mental acompañamiento previo a la cirugía, en un abordaje de psicoprofilaxis adaptada a las características que el caso requiere. La práctica se lleva a cabo en las últimas horas de ese día”, reza el texto.